domingo, 24 de noviembre de 2013

¿Que pasa si mi escritura no está inscrita en el Registro de la Propiedad?


 Es curioso que habitualmente se suelan plantear dos casos curiosos en el mismo día, y así me ha sucedido esta semana.

   El primero es un señor que compró en escritura pública en los años sesenta dos plazas en un mercado de abastos, dichas plazas se las compró al heredero (uno de los once) de una señora fallecida. Evidentemente el heredero hoy está muerto.

   El segundo es otro señor que compró a finales de los años 90 un piso, y que desde entonces no ha "pasado" su escritura por el Registro de la Propiedad.

   En el primer caso intentaba el Señor ver si había alguna manera de evitar un expediente de dominio, e inscribir su escritura en el Registro de la Propiedad, sin tener que hacer la herencia de la señora fallecida con once hijos (vaya Ud a saber quienes son y si están vivos) y la compra a los herederos del vendedor (también fallecido). Problema....el valor de esos puestos no supera los seis o diez mil euros y tanto tramitar el expediente de dominio como rehacer el tracto cuesta más dinero, amén del tiempo.

   Desde que compró los puestos se los tiene arrendado a un frutero que paga mensualmente la renta sin problemas desde hace cuarenta años.

   En el segundo caso, es más simple, sencillamente el señor ha encontrado lo más difícil de encontrar hoy en día....un comprador, y pretende firmar la escritura a la voz de ya, antes de perder "el mirlo blanco".

   En ese piso, en principio desocupado, ha estado viviendo una hija mientras estudiaba la carrera que terminó el verano pasado.

   Evidentemente son problemas distintos y con distintas soluciones, y no es aquí el caso analizarlas, pero si ver lo que ambos tienen en común, y es que el verdadero propietario no tiene la bendición registral.

   Lo primero que hay que explicar a ambos señores es que en España, rige la teoría del título y del modo (vamos que no es teoría, que es algo que en la edad media se formuló para desarrollar la figura de la traditio romana y consagra el artículo 609 del Código Civil) y que absolutamente nadie discute que la compraventa se perfecciona por el consentimiento y la propiedad se adquiere por la entrega.

   Lo segundo que hay que hacer es explicarles que la escritura (que ambos señores tienen) implica esa entrega, y por tanto hace a los compradores propietarios del bien adquirido.

   A mayor abundamiento: al primero le he tenido que explicar que es tan dueño, como que lleva más de cuarenta años cobrándole la renta al frutero del puesto del mercado de abastos, y que el frutero jamás se ha cuestionado a quién le pagaba, ni el propio señor se cuestionaba si tenía derecho al cobro, ni hacienda se cuestionaba los impuestos que pagaba como consecuencia de dicho cobro. Al segundo le he explicado que hace más de diez años que saluda a los vecinos del piso, que la comunidad de propietarios no ha tenido ninguna duda a la hora de cobrar las cuotas, y que ningún problema ha tenido su hija que felizmente ha terminado la carrera.

   Ni que decir tiene que ambos llevan pagando el IBI desde las fechas que dicen que compraron, y que consultado el Catastro sus afirmaciones son ciertas, amén de que he visto las respectivas escrituras que son correctas.

   Pero ¿Qué pasa si no inscribo? a ambos les he explicado que tienen el "gravísimo problema" de que ni pueden hipotecar el puesto del mercado de abastos (por otra parte dudo mucho que alguna entidad de crédito actualmente acepte como garantía hipotecaria un local de negocios) ni pueden hipotecar la casa.

   Ambos sonrieron y me miraron respondieron de una u otra forma ¿y se cree Ud con la que está cayendo que soy tan imbécil de pedir un préstamo a un banco para luego tener que pagarlo?.

   Lo que si que tuve que explicarles a ambos (y ninguno mostró disgusto por ello) es que al no ser titulares registrales la posibilidad de embargo de dichos bienes era muy remota.

   Seguían angustiados ambos temiendo por su propiedad, y (casualidades de la vida) uno había adquirido a una persona ya fallecida, y el otro en la misma escritura los herederos del titular registral aceptaban la herencia y vendían el bien.

   A ambos les expliqué el artículo 1473 del Código Civil, y que por supuesto si en el primer caso el difunto antes de fallecer firmó una venta a otra persona y esta persona (cuarenta años después aún no lo ha hecho) lleva su escritura al Registro de la Propiedad, el se quedará sin el puesto del mercado y tendrá que reclamar lo pagado a los herederos (vaya Ud a saber donde andan) del vendedor, amén de que a estas alturas de temporada es simplemente dueño por prescripción. Al segundo, es más delicado, le he explicado que si los herederos han pedido una segunda copia del testamento y han ido a otra Notaría a vender, y el comprador (que en trece años o no lo ha hecho......o no existe) llega al Registro, tendrá que demandar a dichos herederos lo pagado.

   También les he tenido que explicar que el artículo 34 de la ley hipotecaria pide buena fe, y que es difícil que alguien compre algo sin verlo, basándose en una simple nota registral; pues, la nota ni dice el volumen de ventas del puesto del mercado de abastos, ni el estado de conservación de los bienes, ni si el barrio en el que se encuentran es más o menos recomendable (por ejemplo).

   Evidentemente si las escrituras de los que vendieron tenían algún problema, ese problema les afectaba, pero también tuve que explicarles que las escrituras raras veces tienen "problemas", que dichos "problemas" son menores, y que si sus escrituras eran correctas, probablemente lo serían las de sus vendedores.

   Pero ¿sólo para hipotecar o para que me embarguen o para evitar que el que venda vuelva a hacerlo sirve el Registro de la Propiedad?.............pues sinceramente para poco más, teorías, principios, formulaciones, simposiums y libros habrá y hay intentando demostrar lo contrario, pero en un lenguaje claro, conciso y concreto, esta es la realidad.

   Lo que no sé por qué hay una especie de convencimiento en la sociedad sobre que: sólo si se inscribe una escritura se adquiere la propiedad, cosa que como he dicho y a la vista del artículo 609 del Código Civil, es falsa, o que la inscripción en el Registro de la Propiedad es obligatoria, lo cual también es falso.

   La inscripción es recomendable, su coste (en pocas ocasiones superior a 300€ y en las más rayando los 100€), comparado con sus beneficios (sobre todo evitar dobles ventas y permitir la hipoteca) es económico y la hace atractiva y recomendable.

   Jamás he recomendado que una escritura no se inscriba, es más, aunque el Reglamento Notarial no me obligara (que lo hace) siempre procuraría como Notario, que la escritura se inscriba y haría lo necesario a dicho fin.

   Vivimos en una sociedad muy distinta de la que vivieron nuestros abuelos en la que el valor de la palabra dada y de un apretón de manos era el mismo valor que tenía la honra de una persona y la honra era algo muy valorado.

   Siempre ha habido pillos, pero es cierto que cada vez más se aplica el adagio "las palabras se las lleva el viento".

   Por eso hay que firmar la escritura, para que negro sobre blanco quede clara la voluntad de las partes,  para que no pueda decirse el "no sabía" "yo quise decir" "no recuerdo" o "no me explicaron".

   Pero afortunadamente no somos un país de sinvergüenzas, en diecisiete años de ejercicio profesional no he visto a nadie intentando vender dos veces la misma finca, en gran medida gracias a la labor tanto de mis compañeros Notarios como Registradores de la Propiedad, pero sobre todo porque una gran mayoría de los españoles somos honrados.

   Todos sabemos que vender dos veces una misma finca es una estafa, pero también todos sabemos que si alguien intenta entrar en casa ajena comete un allanamiento de morada.

   Es cierto que hay especuladores que compran casas como churros, sin saber si quiera donde están, es más este tipo de personas (y otros muchos factores) han desembocado en la situación actual. Pero lo normal es que vendedor y comprador se pongan en contacto, se miren a la cara, visiten la casa, comenten su ubicación, su vecindario, sus calidades, se cuenten su vida y problemas, y tras un tiempo de meditación lleguen a un acuerdo.

   El comprador sabe quién le vende, intenta informarse sobre su honestidad (igual que el vendedor sobre la solvencia del comprador), ha visto el inmueble y llega ilusionado a la Notaría para formalizar una decisión que en muchísimos casos afectará al resto de su vida.

   El Notario es el que plasma esas ilusiones, el que remata el acuerdo informando de sus consecuencias (especialmente los tecnicismos que más de uno no sabe) el que acredita que la apariencia de honestidad de las partes se corrobora con la documentación aportada por estas y la información por él recibida, el que colabora con estas informando a las administraciones públicas a través de los índices del acto realizado, el que de oficio cambia el Catastro, el que les recuerda que tienen que hablar con la comunidad para los futuros recibos etc.

   El negocio se perfecciona ante Notario (de hecho el Notario sólo acredita el negocio ya perfeccionado antes), la propiedad, si no antes, se adquiere delante suya (incluso delante suya se fija un plazo para sacar los muebles o abandonar la vivienda), el Registro lo que hace es dar publicidad a esta operación que en otro caso sólo sería válida entre las partes, el que provoca que cualquiera tenga que aceptar el negocio formalizado (consulte o no el Registro visite o no la finca), pero nada más.

   El valor de esa publicidad es altísimo y su coste pírrico, pero el que sea muy recomendable algo, no lo hace obligatorio, ni siquiera pieza clave de la operación.

lunes, 18 de noviembre de 2013

Divorcio ante Notario ¿es bueno el proyecto de ley?

 
   Cada vez más compruebo que muchas veces cuando alguien pregunta algo, más que responder conviene saber qué quiere preguntar verdaderamente.

   Un ejemplo claro es lo que escribo en otra entrada sobre la "cláusula suelo", en la que con frecuencia vienen clientes preguntando sobre ella, cuando verdaderamente la pregunta que me hacen es ...No puedo pagar mi hipoteca ¿hay alguna forma de bajar la cuota?.

   Es casi un tópico que con ocasión de cualquier firma, o incluso tomando café en la calle (No sé por qué Notarios y Médicos lo somos fuera del despacho) haya el típico comentario sobre el proyecto de ley que va a permitir la celebración de matrimonio ante Notario.

   Sinceramente en un porcentaje altísimo de los casos, quién me habla de la materia, lo único que tiene en mente son: o las bodas de  Las Vegas, de dos personas ante una especie de sacerdote vestido de Elvis o la imagen de Lauren Postigo casándose por el rito bantú.

    La siguiente cuestión que plantean, los pocos que pasan de dejar volar su imaginación viéndome vestido de Elvis, es el tema de los honorarios que cobraremos los Notarios por celebrar la boda, y los famosos 95€ de la operación.

   Todos callan cuando les explico que resulta curioso que las personas se escandalicen porque el coste de la boda sea tres veces inferior al precio del ramo de flores que llevará la novia, o igual que el coste del cubierto y las copas que se tomará cualquiera de los invitados.

   Los ejemplos son inagotables, pero ¿Cuál es el problema?.

   El problema es simplemente el colapso de la administración de Justicia y la ineficiencia de la Administración Pública.

   Los Juzgados y Registros Civiles están colapsados por una ingente cantidad de asuntos (algunos aunque no se lo crean complejos y difíciles) y una vergonzosa carencia de medios materiales y humanos (siempre me ha indignado que se hable tanto de los recortes en sanidad y educación, pero no en justicia).

   Hablar de los Ayuntamientos, es entrar en el farragoso mundo de la administración pública, donde cada Ayuntamiento es un mundo, y donde por otra parte, las tasas municipales por la celebración de matrimonio (normales si se tiene en cuenta la ruina en la que se encuentra la administración local), superan con mucho los famosos 95€.

   Pero ¿es el matrimonio o el divorcio el verdadero problema?

   Entiendo perfectamente el "drama" de la pareja de enamorados, que cuando deciden hacer un proyecto de vida común (en principio indefinido) se ven abocados a una vorágine de tiempos de espera y de gastos.

   Pero lo dramático no es eso, es cuando ese proyecto fracasa; es cuando viven juntas dos personas que se han querido y no pueden aguantarse.

   Es el momento del fracaso matrimonial cuando no hay plazos, y sin embargo, cuando nos topamos ante los que RSLS llama "buenos buenísimos" crean un concepto tan inexistente y absurdo como el de "divorcio de mutuo acuerdo".

   El "divorcio de mutuo acuerdo" sólo tiene uno (y en ocasiones ni ese), y es el acuerdo de romper la convivencia y del fracaso de un proyecto de vida común.

   Hablando precisamente en persona con RSLS,  me comentaba que no hay divorcio que no sea algo irracional, y tiene toda la razón. Por más que al final el divorcio se reconduzca a una cuestión económica, su base está en un profundísimo dolor moral, es el dolor del desamor; que será una palabra muy cursi, pero muchísimo más realista y descriptiva que la de "divorcio de mutuo acuerdo".

   El sufrimiento de quienes deciden divorciarse (cuando no hablamos del que ve como su pareja quiere el divorcio estando esa persona aún enamorada) es profundo, y las secuelas permanentes y duraderas.

   Es ese momento de angustia vital y moral, cuando nuestro "fantástico ordenamiento jurídico", reacciona y para resolver el problema, ofrece soluciones a cual más disparatadas: la primera reconducir todo a una cuestión monetaria (pues lamentablemente los hijos son en las mayoría de los casos una moneda de cambio y siempre las principales víctimas), la segunda pedir tiempo para resolver el tema, y la última hacer descansar la solución exclusivamente: bien en la voluntad común de los cónyuges (supervisada por el Juez y el Ministerio Fiscal), bien en la decisión que aquél con el informe de este (pero no de otros profesionales como asesores familiares o economistas) adopte en el tiempo y con los medios materiales con los que ambos cuentan.

  
  ¿Tiempo?...............¿Quién es el imbécil que cree que una angustia de esa magnitud en vez de arreglarse no se agrava (en ocasiones con consecuencias dramáticas) por el paso del tiempo?, ¿Es posible esperar (como sucede) de seis meses a un año tan sólo para que un Juez fije medidas provisionales? si los cónyuges están de acuerdo en la forma de divorciarse ¿El transcurso del tiempo reforzará el acuerdo o hará que sobrevengan circunstancias nuevas que hagan romper ese acuerdo con el simple propósito de hacer daño? ¿Sinceramente seis meses después de la ruptura el miembro de la pareja que vea al otro rehacer su vida se quedará quieto? ¿El cónyuge que abandone el hogar y esté seis meses sin ver a sus hijos mantendrá su postura? ¿Cuál es el futuro de esos hijos que van a estar seis meses o más probablemente sin ver a su progenitor y viendo sufrir al otro?.

   Afortunadamente el proyecto de ley, no sólo contempla la posibilidad de matrimonio, sino también de divorcio ante Notario, pero..............somos "buenos buenísimos" siempre que no haya hijos menores.

   Es un evidente paso adelante esta posibilidad, resuelve algunos problemas, pero....¿resuelve el problema?

   Si agilizamos a la administración de justicia de la necesidad de atender a los divorcios de mutuo acuerdo no habiendo hijos menores, al menos tendrán los jueces (que lo que si que no tienen es ni tiempo ni recursos materiales) mayores posibilidades de resolver acertadamente los divorcios contenciosos o aquellos en los que hay hijos menores.

   Eso es un avance importante, pues en pocas materias un Juez tiene que resolver más con sentido común y con un mucho de humanidad y del concepto abstracto de justicia, como en materia de familia. Un mayor tiempo permitirá al Juez, adoptar soluciones individuales acertadas, y evitará seguir viendo la lamentable cantidad de sentencias en las que el "copia y pega" o los "lugares comunes" es un modus operandi, que más que criticable, a mi juicio, es la prueba palpable de la falta de medios materiales con los que cuentan las personas que se encargan de la Administración de Justicia.

   Pero el avance es pírrico, pues los matrimonios suelen pasar las famosas crisis de los tres, cinco y siete años, mayoritariamente se celebran entre personas jóvenes, y por tanto pocos son los divorcios en los que no hay hijos menores.

   ¿Qué hacemos?, caben dos posturas: una la existente de hacer en todo caso intervenir al Juez y al Ministerio Fiscal, como garantes de los intereses de los menores, la otra partir de la realidad: saber cual es la verdadera actuación de Jueces y Fiscales; reconocer que por más que el proyecto matrimonial haya fracasado, el vínculo que une a un padre con un hijo es extraordinariamente infrecuente que fracase; aceptar que si unas personas mayores de edad llegan a un acuerdo, probablemente este acuerdo sea bueno, sensato y justo; asumir la falta de medios con la que cuenta la Administración de Justicia; buscar ante todo soluciones a los problemas, en vez de aplazar dichas soluciones, con el consiguiente efecto de agravar los problemas, cuando no convertirlos en irresolubles; aceptar que no estamos tratando sólo un tema de interés general y público (que lo es) sino un tema que afecta a lo más profundo e íntimo del ser humano.

   El Ministerio Fiscal es un órgano esencial en el ordenamiento jurídico y la cualificación de sus integrantes innegable, pero: lo mismo tienen que abordar un tema penal que un tema familiar (e incluso laboral a poco que un trabajador considere violados sus derechos fundamentales).

   Es imposible que el número de Fiscales existente pueda abordar la ingente cantidad de asuntos que se les encomienda.

   De hecho es cláusula de estilo en las contestaciones del Ministerio Fiscal a cuestiones matrimoniales manifestar que su posición queda a la espera de las pruebas que se realicen en el momento de la vista. ¿En el momento del juicio un día en el que hay que resolver varios asuntos puede en poco más de media hora ver el Ministerio Fiscal el problema?, definitivamente NO.

   La ingente cantidad de asuntos que actualmente se encomienda al Ministerio Fiscal y las distintas jurisdicciones en las que actúa, hace que poco más que estar de viaje de sala en sala puedan hacer sus miembros, que carecen del mínimo tiempo necesario para estudiar los asuntos, y que provoca que las vistas tengan que retrasarse en función de la agenda del Ministerio Fiscal

   Pero mi duda es más profunda. Si somos tan "buenos buenísimos" por qué no se pide la intervención del ministerio fiscal en cualquier decisión relativa a los menores adoptada por los padres que están casados y viven juntos, o si los padres no están casados.

   No podemos desconocer que así sucede cuando se trate de actos de especial importancia de los previstos en el artículo 166 del Código Civil, en ese caso volvemos a entrar en el farragoso e imposible mundo que abordamos en otra entrada relativa a la incapacidad.

   A mi juicio no hay gran problema en asumir que todo padre vela por el interés de sus hijos, y si ambos padres de común acuerdo deciden sobre su guarda y custodia, sobre su manutención y futuro, y más si se pide que el acuerdo se realice previo asesoramiento por un profesional (cosa que ahora no se hace en los procesos de divorcio) hacer que dicho acuerdo dependa de una posterior autorización judicial con audiencia del ministerio fiscal seis meses o un año después, lo único que hace es poner en peligro tanto el acuerdo como su cumplimiento.

   ¿No sería más fácil hacer al Juez resolver en caso de discrepancia e intervenir al Ministerio Fiscal en esos casos? ¿Qué problema hay si se celebran los acuerdos en presencia de Notario y si este -que por otra parte a diario juzga capacidades y legalidades- duda de la validez del acuerdo, lo ponga en conocimiento de la autoridad judicial?, o simplemente permitir que los padres lleguen al acuerdo y que el Notario de traslado al Ministerio Fiscal y a la autoridad judicial, estableciendo que la falta de actuación de los mismos en un plazo razonable (incluso entiendo por plazo razonable el de uno o dos meses, cuando hoy en día los Notarios constituimos sociedades en 24 horas, o sacamos copias en 5 días, o se liquidan los impuestos en 30 días) hace plenamente eficaz dicho acuerdo.

   Casi se puede decir que frente al derecho penal donde prima la presunción de inocencia, en materia civil, prima una presunción de sospecha sobre el correcto ejercicio de las funciones de guarda y custodia (sea de menores sea de incapaces).

   Entiendo incluso aceptable esta presunción, pero no entiendo que haya que aplicarla en todo caso, y mucho menos aplicarla cuando no haya medios materiales reales y eficaces que protejan a los menores, pues el efecto obtenido es el contrario al pretendido. Las decisiones han de ser inmediatas y adecuadas a los problemas planteados.

   Si existe un problema, aplazar en el tiempo su solución, lo único que hace es: o dificultar dicha solución o hacerla imposible.

   Creo que más de treinta años después de la ley del divorcio, dan una experiencia suficiente como para apreciar los problemas que este plantea, y ofrecer soluciones innovadoras y valientes, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde la dictadura de lo políticamente correcto provoca la peor de las censuras que es la autocensura.

   En todo caso la solución no puede partir de que baste con que lo cónyuges acudan al Notario manifestando su intención de divorciarse y el contenido del acuerdo, para que se formalice la correspondiente escritura, pues hay varios problemas:

   1.- La formación de la voluntad de los cónyuges, que no puede tener lugar por impulsos, ni puede formarse exclusivamente con las recomendaciones que el Notario (hechas de buena fe, pero que les inspira un cierto temor reverencial) pueda formular.

   2.- Se plantea el problema del ulterior cumplimiento del convenio o su revisión, situaciones estas que difícilmente no serán contenciosas.

   3.- Es de evidente interés público el tema, máxime si hay menores, no basta con aplicar la autonomía de la voluntad tal y como tradicionalmente se ha entendido esta, es necesario que dicha autonomía de la voluntad, se ejerza con información y tanto en beneficio del interés general como de los menores. Si es necesario un expediente para la celebración de matrimonio, con mayor motivo para su disolución.


   Entiendo necesario la tramitación de un expediente, con un plazo mínimo, y en el que debe de incorporarse documentación que permita contrastar los elementos que han servido de base a esta formación de voluntad.

   Este expediente debería de servir de base a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal, tanto para el análisis y validación de la escritura que se firme, como al objeto de posteriores impugnaciones, reclamaciones, expedientes de modificación del mismo, o dirigidos a exigir su cumplimiento.

   Incluir en dicho expediente una relación de bienes de los cónyuges, sus declaraciones de la renta, situación académica de los menores,  exigir la intervención de Abogado, e incluso de un asesor familiar o de un psicólogo que informe sobre los menores, y un economista que analice la situación de los cónyuges sería muy recomendable por lo menos (y en todo caso sería conveniente exigirlas para todo proceso de divorcio, cosa que no sucede).

   ¿Encarecería y retrasaría este expediente el proceso de divorcio?, evidentemente si.......y no. No pretendo que el proceso sea gratis, e incluso más barato (a corto plazo), lo que pretendo es simplemente que el proceso sea eficaz, y la documentación a la que me refiero no difiere ni debe de diferir mucho de la actualmente existente, pues si el problema es el mismo, lo que ha de ser distinta es su solución.

   Lo que si que no tiene precio es la extraordinaria lentitud que actualmente tienen los procesos matrimoniales, esa lentitud y ese tiempo perdido no es que tengan un coste (que evidentemente lo tienen) sino que de hecho provoca costes superiores a los que habría en otro caso.

   Muchas veces en cuestiones hereditarias les hago reflexionar a mis clientes que el mantener sus posturas y diferencias de dinero puede provocar un conflicto familiar que posteriormente no pueda resolverse con dinero.

   La intervención en este expediente de abogado no sería distinta de la necesaria intervención de abogado actualmente existente, y la intervención de psicólogos, orientadores familiares, e incluso economistas, lo único que provocaría es que las decisiones adoptadas sean más ecuánimes, más justas, y por tanto: de más fácil cumplimiento, más beneficiosas para los menores, e incluso para los propios cónyuges (que a fin de cuentas son quienes más directamente sufren el problema del divorcio).

   ¿Pedir la intervención de un asesor familiar, un psicólogo o un economista implica reconocer la ineptitud del Notario para resolver problemas?, a mi juicio lo único que implica es intentar resolver de modo serio, eficaz y en un tiempo prudencial el problema, y hacer que cada uno cumpla su función.

   El Notario no está para resolver problemas, sino para plasmar documentalmente la voluntad libre formada por personas mayores de edad.

   Lo cierto es que Notarios, Jueces y Fiscales, cuentan con una formación académica similar, siendo que estos dos últimos si que tienen que tomar decisiones, y en el proceso de divorcio se admiten diversas pruebas, lo único que trato es dejar dichas pruebas preconstituidas de común acuerdo entre cónyuges, para de un lado ayudar a estos en la solución de sus problemas, y de otro facilitar el ulterior trabajo de Jueces y Fiscales.

   Finalmente no trato de suprimir la intervención del Juez o del Ministerio Fiscal, sino que partiendo de la base de que rarísimas veces, aún habiendo menores, estos se limitan a ratificar el acuerdo de los cónyuges, lo único que trato es: de un lado hacer dicho acuerdo lo más ecuánime y justo posible; de otro que sea un acuerdo fruto de una reflexión seria y no fruto de la desesperación por la lentitud de la administración de justicia o derivado de la crisis que provoca el divorcio; y finalmente partir de la validez del acuerdo, para darle una obligatoriedad definitiva, pasado un plazo razonable sin que el Juez o el Ministerio Fiscal digan nada (sea porque no tienen nada que decir, o porque no han tenido tiempo de hacerlo).

   PD.- Estas son las funciones del ministerio fiscal, lo que no consigo es encontrar el número de personas que integran esta institución clave de nuestro ordenamiento, y desde luego leyendo su estatuto lo que se aprecia: no es que no tenga funciones, ni que dichas funciones no sean necesarias, por supuesto es de justicia reconocer su vocación, preparación y el esfuerzo personal que muchos de ellos realizan para la ingente labor que les es encomendada (ojalá muchos dedicaran a su oficio el cariño y el tiempo que los Jueces y Fiscales dedican al suyo), lo único que me cuestiono es si verdaderamente pueden con los medios materiales con los que cuentan cumplir dichas funciones, y hasta que punto pueden buscarse alternativas.